Joaquín Ramón Alonso Freyre
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.
República de Cuba
El encargo social que sostiene el rol de gobernante en el entorno comunitario tiene dos fuentes, una en las necesidades, intereses y aspiraciones de los gobernados y otra en el proyecto social dominante dentro de la clase política. Ambas generan expectativas sobre lo que una persona en el rol de gobernante debe hacer para tener un “buen desempeño” en la gestión pública a nivel comunitario.
En momentos de crisis estas expectativas tienden a ser contradictorias ya que, desde la psicología social imperante en la población, se espera que el gobernante resuelva los problemas inmediatos de la gente, mientras desde la clase política se le exige la aplicación de las políticas diseñadas desde los centros de poder.
Esta contradicción genera no pocos malestares en la vida cotidiana de las personas que desempeñan un rol gubernamental en el entorno comunitario pues se ven sometidos a una doble presión que le genera un desgaste creciente, tanto en el orden personal, incluida su salud, como en el orden político con afectación de su credibilidad y ascendencia directiva. A pesar de las horas que debe dedicar a la gestión no logra contentar a la gente en sus reclamos, ni logra el encuadramiento cautivo de sus seguidores como espera la estructura de mando de la clase política a la que se subordina.
Con frecuencia estos malestares se asumen como componente normal de la gestión pública (“¡qué dura es la vida de un alcalde!”), como parte del costo que hay que asumir para ser sujeto y no objeto de la función de gobierno. Sin embargo, el desempeño de tal función, cuando transcurre desde la perspectiva de la gobernabilidad, no tiene que generar tales malestares. Para ello es necesario el desarrollo de una conciencia crítica acerca del contenido asignado al rol de gobernante desde la perspectiva de la función que debe desempeñar ubicando la contradicción no entre las expectativas opuestas dentro del rol, sino entre este y la función gubernamental.
Por rol de gobernante entendemos el conjunto de derechos y obligaciones que devienen de las normas y expectativas que se tienen respecto al individuo que ocupa esa posición dentro de la estructura social. Por función gubernamental, las características objetivas observables que permiten la orientación y control respecto a fines de las relaciones sociales del entorno comunitario.
Rol y función no tienen que ser excluyentes, sin embargo, en la actualidad se observa una distancia entre ambos, pues el rol de gobernante no propicia en la medida necesaria la orientación y control antes mencionado. De una parte la expectativa de los gobernados se concreta hoy en forma de requerimientos constantes sobre el individuo que ejerce el rol gubernamental para que este le resuelva asuntos (empleo, alimentación, salud, etc.) que en el orden de los procesos sociales debían ser resueltos normalmente por los institutos sociales correspondientes y sin embargo, van a parar en forma de urgencias que obstaculizan el desempeño en los asuntos de fondo referidos a la función gubernamental. De otra parte, la prioridad que recibe el mandato proveniente de intereses extranjeros en la formulación de políticas desde los centros de poder genera una expectativa desde arriba que impide al individuo que ejerce el rol gubernamental centrar lo interno en la toma de decisiones y acaban dedicando mayor atención a como sobrellevar el descontento de los gobernados que a lograr el despliegue de un programa coherente en términos de gobernabilidad.
A ello se agrega la representación social prevaleciente en el imaginario popular de que los individuos que acceden a cargos públicos buscan en primer lugar beneficios personales lo cual crea una barrera para la comunicación entre los que ejercen estos cargos de manera honesta bajo un ideal de transformación social y quienes son los principales destinatarios de sus decisiones obstaculizando una participación comunitaria que constituye requisito para la gobernabilidad. Con frecuencia no se participa pues se piensa más en el rédito político que puede extraer el gobernante y no en el desarrollo de una auténtica cogestión de los asuntos públicos.
En el orden histórico se deben mencionar los efectos dejados por políticas paternalistas aplicadas de forma prolongada, cuyo enfoque asistencial de los asuntos sociales han generado en los gobernados actitudes pasivas y de espera respecto a que sus problemas se los debe resolver otro. En la medida en que las sucesivas privatizaciones han ido reduciendo el papel de las instituciones públicas en los asuntos sociales, hoy aparece el gobernante como el reducto adonde ir a pedir soluciones. Transformar las prácticas asistenciales desde una perspectiva de autodesarrollo social requiere de tiempo y esfuerzos encaminados a producir cambios de fondo en los vínculos imperantes entre gobernantes y gobernados. Tales cambios van desde la necesaria capacitación de la gente para que pueda emprender por sí misma proyectos de autodesarrollo, hasta el abandono de prácticas de clientelismo sobre las que se podía basar en el pasado tales vínculos, pero que en las condiciones económicas, políticas y culturales que se vienen imponiendo en el mundo resultan ya obsoletas y deben ser superadas, so pena desaparecer como sujeto de política.
Los modos de participación popular sustentados en la dependencia personal propios de relaciones precapitalistas están siendo desplazados bajo los efectos de la globalización por otros sustentados en convocatorias de naturaleza institucional, incluyendo una intervención creciente de la sociedad civil bajo una red organizacional en expansión. Se despliega un proceso de civilización del Estado y de politización de la sociedad civil, que impone a las prácticas políticas cotidianas un mayor requerimiento de diálogo y de apertura hacia la diversidad de intereses que deben ser contenidos dentro de las propuestas gubernamentales que se formulen. Lógicamente el sentido de esta participación debe ser definido desde abajo y en la perspectiva de una reconstrucción del poder desde las bases.
La conducción política de este proceso en forma de proyecto social supone un rescate de la ideología en su función reguladora de una determinada relación de los hombre entre sí y con sus condiciones de existencia, pues mediante la ideología la sociedad adapta a los individuos sus roles, por ello toda acción gubernamental siempre tiene un contenido ideológico que debe quedar explicitado y asumido en dicha acción mediante la potenciación de la conciencia crítica en torno al rol de gobernante de modo que este pueda crecer en el orden personal y social enfrentando resolutivamente los malestares que hoy padece al vivenciar la cotidianidad de la función gubernamental.
En momentos de crisis estas expectativas tienden a ser contradictorias ya que, desde la psicología social imperante en la población, se espera que el gobernante resuelva los problemas inmediatos de la gente, mientras desde la clase política se le exige la aplicación de las políticas diseñadas desde los centros de poder.
Esta contradicción genera no pocos malestares en la vida cotidiana de las personas que desempeñan un rol gubernamental en el entorno comunitario pues se ven sometidos a una doble presión que le genera un desgaste creciente, tanto en el orden personal, incluida su salud, como en el orden político con afectación de su credibilidad y ascendencia directiva. A pesar de las horas que debe dedicar a la gestión no logra contentar a la gente en sus reclamos, ni logra el encuadramiento cautivo de sus seguidores como espera la estructura de mando de la clase política a la que se subordina.
Con frecuencia estos malestares se asumen como componente normal de la gestión pública (“¡qué dura es la vida de un alcalde!”), como parte del costo que hay que asumir para ser sujeto y no objeto de la función de gobierno. Sin embargo, el desempeño de tal función, cuando transcurre desde la perspectiva de la gobernabilidad, no tiene que generar tales malestares. Para ello es necesario el desarrollo de una conciencia crítica acerca del contenido asignado al rol de gobernante desde la perspectiva de la función que debe desempeñar ubicando la contradicción no entre las expectativas opuestas dentro del rol, sino entre este y la función gubernamental.
Por rol de gobernante entendemos el conjunto de derechos y obligaciones que devienen de las normas y expectativas que se tienen respecto al individuo que ocupa esa posición dentro de la estructura social. Por función gubernamental, las características objetivas observables que permiten la orientación y control respecto a fines de las relaciones sociales del entorno comunitario.
Rol y función no tienen que ser excluyentes, sin embargo, en la actualidad se observa una distancia entre ambos, pues el rol de gobernante no propicia en la medida necesaria la orientación y control antes mencionado. De una parte la expectativa de los gobernados se concreta hoy en forma de requerimientos constantes sobre el individuo que ejerce el rol gubernamental para que este le resuelva asuntos (empleo, alimentación, salud, etc.) que en el orden de los procesos sociales debían ser resueltos normalmente por los institutos sociales correspondientes y sin embargo, van a parar en forma de urgencias que obstaculizan el desempeño en los asuntos de fondo referidos a la función gubernamental. De otra parte, la prioridad que recibe el mandato proveniente de intereses extranjeros en la formulación de políticas desde los centros de poder genera una expectativa desde arriba que impide al individuo que ejerce el rol gubernamental centrar lo interno en la toma de decisiones y acaban dedicando mayor atención a como sobrellevar el descontento de los gobernados que a lograr el despliegue de un programa coherente en términos de gobernabilidad.
A ello se agrega la representación social prevaleciente en el imaginario popular de que los individuos que acceden a cargos públicos buscan en primer lugar beneficios personales lo cual crea una barrera para la comunicación entre los que ejercen estos cargos de manera honesta bajo un ideal de transformación social y quienes son los principales destinatarios de sus decisiones obstaculizando una participación comunitaria que constituye requisito para la gobernabilidad. Con frecuencia no se participa pues se piensa más en el rédito político que puede extraer el gobernante y no en el desarrollo de una auténtica cogestión de los asuntos públicos.
En el orden histórico se deben mencionar los efectos dejados por políticas paternalistas aplicadas de forma prolongada, cuyo enfoque asistencial de los asuntos sociales han generado en los gobernados actitudes pasivas y de espera respecto a que sus problemas se los debe resolver otro. En la medida en que las sucesivas privatizaciones han ido reduciendo el papel de las instituciones públicas en los asuntos sociales, hoy aparece el gobernante como el reducto adonde ir a pedir soluciones. Transformar las prácticas asistenciales desde una perspectiva de autodesarrollo social requiere de tiempo y esfuerzos encaminados a producir cambios de fondo en los vínculos imperantes entre gobernantes y gobernados. Tales cambios van desde la necesaria capacitación de la gente para que pueda emprender por sí misma proyectos de autodesarrollo, hasta el abandono de prácticas de clientelismo sobre las que se podía basar en el pasado tales vínculos, pero que en las condiciones económicas, políticas y culturales que se vienen imponiendo en el mundo resultan ya obsoletas y deben ser superadas, so pena desaparecer como sujeto de política.
Los modos de participación popular sustentados en la dependencia personal propios de relaciones precapitalistas están siendo desplazados bajo los efectos de la globalización por otros sustentados en convocatorias de naturaleza institucional, incluyendo una intervención creciente de la sociedad civil bajo una red organizacional en expansión. Se despliega un proceso de civilización del Estado y de politización de la sociedad civil, que impone a las prácticas políticas cotidianas un mayor requerimiento de diálogo y de apertura hacia la diversidad de intereses que deben ser contenidos dentro de las propuestas gubernamentales que se formulen. Lógicamente el sentido de esta participación debe ser definido desde abajo y en la perspectiva de una reconstrucción del poder desde las bases.
La conducción política de este proceso en forma de proyecto social supone un rescate de la ideología en su función reguladora de una determinada relación de los hombre entre sí y con sus condiciones de existencia, pues mediante la ideología la sociedad adapta a los individuos sus roles, por ello toda acción gubernamental siempre tiene un contenido ideológico que debe quedar explicitado y asumido en dicha acción mediante la potenciación de la conciencia crítica en torno al rol de gobernante de modo que este pueda crecer en el orden personal y social enfrentando resolutivamente los malestares que hoy padece al vivenciar la cotidianidad de la función gubernamental.
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