La sociedad civil

Joaquín Ramón Alonso Freyre
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.
República de Cuba

La relación de la sociedad civil con el Estado es un modo de reflejar el conjunto de la vida de la sociedad a través de la contradicción dialéctica dirigentes-dirigidos en el ámbito político, inherente al sistema de la actividad social en determinada etapa de su desarrollo histórico. Esta contradicción está objetivamente condicionada y es una premisa de existencia y un resultado histórico de todas las sociedades de clases empíricamente existentes, en virtud del carácter público institucional que adquiere la actividad de dirección. Mientras permanezca históricamente semejante naturaleza del poder existirá fundamento objetivo para que se conforme el mencionado tipo de vínculo. Ahora bien, la esencia del enlace sociedad civil-Estado no es ahistórica, sino que está sujeta a las regularidades del desarrollo de las diferentes formaciones económico-sociales y culturas humanas.
El concepto de sociedad civil, siguiendo a Marx, aun cuando no exista un total consenso sobre las dimensiones teóricas y empíricas de su empleo y comprensión en la literatura científica, puede afirmarse que designa fundamentalmente y de forma generalizada, la esfera de actividad y de interrelaciones sociales sui generis -por su carácter integral- donde se producen y reproducen las grandes comunidades humanas y la vida inmediata (proceso de producción y reproducción física y cultural de las propias personas en tanto individuos y colectividades), en contraste con el poder político institucionalizado.
Por esa razón, con ella de una forma más o menos precisa se toma en consideración la esfera de conformación y despliegue de las relaciones socioclasistas, socioprofesionales, socioétnicas, raciales, nacionales, sociogeneracionales, intergenéricas, sociodemográficas, comunitarias, familiares, ideológico-espirituales, así como de la vida cotidiana, etcétera, en tanto fundamento y objeto del poder político. Entonces, desde el punto de vista de su volumen lógico incluye comunidades, organizaciones, individuos, instituciones, normas, actividades, relaciones, valores, saberes, etcétera.
Este concepto contrapone lo social a lo político, y a la mirada que lanza sobre el organismo social él vienen asociados otros del mismo orden como lo público y lo privado, la economía y la política, los deberes y los derechos, la producción e intercambio de valores espirituales, el proceso de socialización, particularmente política, etcétera.
El concepto de sociedad civil designa relaciones que sirven de base a la política, pero que son diferentes de ella, y no siempre necesitan una expresión de ese carácter, aun cuando dentro de ciertos límites sea el Estado quien las legaliza y sanciona con fuerza obligatoria universal. Pero es a su vez la sociedad civil quien legitima al Estado y demás procedimientos políticos. La expresión política de lo social no es primaria en sí misma, sino secundaria y puede, en consecuencia, tanto apresurarse como estar al mismo nivel o marchar a la zaga de las demandas de la sociedad como un todo.
Está claro que la relación del Estado y la sociedad civil es sumamente compleja. Siendo el Estado la institución fundamental que ejercita el poder político, no agota en sus límites todos los ámbitos de la política institucionalizada. Existen como regla otras instituciones y organizaciones, como los partidos políticos y los grupos de presión, que participan de un modo u otro de ella también. En consecuencia, en la literatura ha adquirido carta de ciudadanía el término de sociedad política, el cual expresa un canal de unión entre el Estado y la sociedad civil.Dicho de otra manera, los fenómenos que se abarcan por el término de sociedad civil son genéticamente primarios en relación con la sociedad política o el Estado, como su expresión fundamental o instituto más importante para el establecimiento y ejercicio del poder político; se comportan como el sustrato o contenido a que debe referirse la sociedad política y no como su derivado o apéndice. La sociedad política puede coadyuvar a la satisfacción de las necesidades progresivas de la sociedad civil u obstaculizarla, pero no es una finalidad en sí misma, sino un medio de esta última.

La contradicción rol versus función en el ejercicio de la actividad gubernamental

Joaquín Ramón Alonso Freyre

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.

República de Cuba

El encargo social que sostiene el rol de gobernante en el entorno comunitario tiene dos fuentes, una en las necesidades, intereses y aspiraciones de los gobernados y otra en el proyecto social dominante dentro de la clase política. Ambas generan expectativas sobre lo que una persona en el rol de gobernante debe hacer para tener un “buen desempeño” en la gestión pública a nivel comunitario.
En momentos de crisis estas expectativas tienden a ser contradictorias ya que, desde la psicología social imperante en la población, se espera que el gobernante resuelva los problemas inmediatos de la gente, mientras desde la clase política se le exige la aplicación de las políticas diseñadas desde los centros de poder.
Esta contradicción genera no pocos malestares en la vida cotidiana de las personas que desempeñan un rol gubernamental en el entorno comunitario pues se ven sometidos a una doble presión que le genera un desgaste creciente, tanto en el orden personal, incluida su salud, como en el orden político con afectación de su credibilidad y ascendencia directiva. A pesar de las horas que debe dedicar a la gestión no logra contentar a la gente en sus reclamos, ni logra el encuadramiento cautivo de sus seguidores como espera la estructura de mando de la clase política a la que se subordina.
Con frecuencia estos malestares se asumen como componente normal de la gestión pública (“¡qué dura es la vida de un alcalde!”), como parte del costo que hay que asumir para ser sujeto y no objeto de la función de gobierno. Sin embargo, el desempeño de tal función, cuando transcurre desde la perspectiva de la gobernabilidad, no tiene que generar tales malestares. Para ello es necesario el desarrollo de una conciencia crítica acerca del contenido asignado al rol de gobernante desde la perspectiva de la función que debe desempeñar ubicando la contradicción no entre las expectativas opuestas dentro del rol, sino entre este y la función gubernamental.
Por rol de gobernante entendemos el conjunto de derechos y obligaciones que devienen de las normas y expectativas que se tienen respecto al individuo que ocupa esa posición dentro de la estructura social. Por función gubernamental, las características objetivas observables que permiten la orientación y control respecto a fines de las relaciones sociales del entorno comunitario.
Rol y función no tienen que ser excluyentes, sin embargo, en la actualidad se observa una distancia entre ambos, pues el rol de gobernante no propicia en la medida necesaria la orientación y control antes mencionado. De una parte la expectativa de los gobernados se concreta hoy en forma de requerimientos constantes sobre el individuo que ejerce el rol gubernamental para que este le resuelva asuntos (empleo, alimentación, salud, etc.) que en el orden de los procesos sociales debían ser resueltos normalmente por los institutos sociales correspondientes y sin embargo, van a parar en forma de urgencias que obstaculizan el desempeño en los asuntos de fondo referidos a la función gubernamental. De otra parte, la prioridad que recibe el mandato proveniente de intereses extranjeros en la formulación de políticas desde los centros de poder genera una expectativa desde arriba que impide al individuo que ejerce el rol gubernamental centrar lo interno en la toma de decisiones y acaban dedicando mayor atención a como sobrellevar el descontento de los gobernados que a lograr el despliegue de un programa coherente en términos de gobernabilidad.
A ello se agrega la representación social prevaleciente en el imaginario popular de que los individuos que acceden a cargos públicos buscan en primer lugar beneficios personales lo cual crea una barrera para la comunicación entre los que ejercen estos cargos de manera honesta bajo un ideal de transformación social y quienes son los principales destinatarios de sus decisiones obstaculizando una participación comunitaria que constituye requisito para la gobernabilidad. Con frecuencia no se participa pues se piensa más en el rédito político que puede extraer el gobernante y no en el desarrollo de una auténtica cogestión de los asuntos públicos.
En el orden histórico se deben mencionar los efectos dejados por políticas paternalistas aplicadas de forma prolongada, cuyo enfoque asistencial de los asuntos sociales han generado en los gobernados actitudes pasivas y de espera respecto a que sus problemas se los debe resolver otro. En la medida en que las sucesivas privatizaciones han ido reduciendo el papel de las instituciones públicas en los asuntos sociales, hoy aparece el gobernante como el reducto adonde ir a pedir soluciones. Transformar las prácticas asistenciales desde una perspectiva de autodesarrollo social requiere de tiempo y esfuerzos encaminados a producir cambios de fondo en los vínculos imperantes entre gobernantes y gobernados. Tales cambios van desde la necesaria capacitación de la gente para que pueda emprender por sí misma proyectos de autodesarrollo, hasta el abandono de prácticas de clientelismo sobre las que se podía basar en el pasado tales vínculos, pero que en las condiciones económicas, políticas y culturales que se vienen imponiendo en el mundo resultan ya obsoletas y deben ser superadas, so pena desaparecer como sujeto de política.
Los modos de participación popular sustentados en la dependencia personal propios de relaciones precapitalistas están siendo desplazados bajo los efectos de la globalización por otros sustentados en convocatorias de naturaleza institucional, incluyendo una intervención creciente de la sociedad civil bajo una red organizacional en expansión. Se despliega un proceso de civilización del Estado y de politización de la sociedad civil, que impone a las prácticas políticas cotidianas un mayor requerimiento de diálogo y de apertura hacia la diversidad de intereses que deben ser contenidos dentro de las propuestas gubernamentales que se formulen. Lógicamente el sentido de esta participación debe ser definido desde abajo y en la perspectiva de una reconstrucción del poder desde las bases.
La conducción política de este proceso en forma de proyecto social supone un rescate de la ideología en su función reguladora de una determinada relación de los hombre entre sí y con sus condiciones de existencia, pues mediante la ideología la sociedad adapta a los individuos sus roles, por ello toda acción gubernamental siempre tiene un contenido ideológico que debe quedar explicitado y asumido en dicha acción mediante la potenciación de la conciencia crítica en torno al rol de gobernante de modo que este pueda crecer en el orden personal y social enfrentando resolutivamente los malestares que hoy padece al vivenciar la cotidianidad de la función gubernamental.

Politica

Joaquin Ramón Alonso Freire

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas

República de Cuba

El término “política” ha sido uno de los más ampliamente difundidos y empleados tanto en el lenguaje cotidiano y público, como en el científico y oficial. Proviene del griego “polítika” que significa “asuntos estatales y sociales”. Según el Diccionario Enciclopédico UTEHA el concepto de política se analiza así: Arte de gobernar y dar leyes y reglamentos para mantener la tranquilidad y seguridad pública y conservar el orden y buenas costumbres.
A lo largo de la historia la política, como actividad humana, ha sido concebida como lucha y/o como integración por diversas corrientes de pensamiento ya que se parte de "la idea de que la política es, por un lado una lucha (...) con vistas a la conquista de un poder que es utilizado por los vencedores en provecho propio y en detrimento de los vencidos, y por otro, también un esfuerzo por realizar un orden social que beneficie a todos"[i].
La visión de la política como integración ha sido planteada por la corriente contractualista, "ya conocida en la Antigüedad" y con "vigencia en la Edad Media", según N. Bobbio[ii], y que influye en la actualidad como fundamento doctrinal para los denominados procesos de "concertación social" en diversos países.
Por su parte la política como antagonismo ha sido una perspectiva desarrollada por diversas corrientes, tomando cada una elementos explicativos propios. Para el pensamiento conservador la política expresa la lucha de la elite al desplegar su capacidad de dominación sobre las masas; para los liberales la lucha política transcurre análogamente a como se produce la competencia económica, es decir, donde existen vencedores y vencidos; para las concepciones psicoanalíticas en la política quedan expresados aquellos conflictos internos que producen frustraciones y desembocan en tendencias a la agresión y a la dominación. Incluso en determinadas doctrinas teológicas se aborda el instinto de dominación como una de las formas de la concupiscencia que empuja al hombre hacia el mal, en este caso consideran la concupiscencia dominandi el fundamento esencial de las luchas políticas.
Para el marxismo el contenido real de la diversidad de formas que adopta la lucha política debe ser explicado a partir de la confrontación de intereses clasistas que se produce en la sociedad, los cuales emergen como resultante del lugar que ocupa cada clase en el modo de producción dado. Mientras la clase no ha tomado conciencia de sus intereses participa en la política en calidad de objeto (clase en sí). Cuando se produce una toma de conciencia de estos intereses, como resultado de un proceso de maduración, comienza a participar en la política como sujeto (clase para sí), creando su propia organización política. Una vez que la clase arriba a un estadio superior en este proceso de maduración, vinculando la realización de sus intereses a los de la sociedad en su conjunto (clase para la sociedad), se orienta a la toma del poder político para disponer así del principal instrumento de dominación social con el cual someter a sus adversarios. Sin embargo, en la medida en que abarca intereses que rebasan los marcos de la propia clase, su actividad política no será sólo un instrumento de lucha, sino también de integración social pues debe ser capaz de regir los destinos de la sociedad en su conjunto y para ello necesita disponer de espacios para la contención de la diversidad de intereses sociales dentro de un sistema que le permita el mantenimiento de su dominación política.

Notas

[i] M.Duverger: Sociología Política. Ed. Ariel SA. Madrid, 1968, p 34.
[ii] N. Bobbio y M. Bovero: Origen y fundamento del Poder Político. Ed. Grijalbo. México, 1995, p 56.

Liderazgo

Prof. Joaquín Ramón Alonso Freyre

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas

República de Cuba

La relevancia del tema del liderazgo en pequeños grupos posee una historia que cubre casi todo el siglo XX en las ciencias sociales, desde que los experimentos Hawthorne demostraran la importancia del influjo de las relaciones sociales espontáneas sobre los procesos grupales en el seno de las organizaciones formalmente establecidas y en los contextos comunitarios.
El liderazgo constituye en tales procesos una expresión que sintetiza el estado del factor social al interior de los sistemas formales e informales al ser una de las dimensiones en que se produce la diferenciación individual sobre cuya base se forma la estructura grupal, integrando la misma junto a la estructura de poder, de comunicación, sociométrica, etc. Los resultados de tal diferenciación hacen emerger al líder como la persona que se ve apoyada por los miembros del grupo y es capaz de influir en la conducta de estos sin apelar a una autoridad exterior, al poseer la autoridad más elevada. El liderazgo puede ser definido como capacidad de influencia en el grupo para la consecución de metas.
La personalidad del líder ha sido estudiada a través de vertientes teóricas como las teorías de los rasgos ("el líder posee características personales propias"), las teorías conductuales ("el líder posee comportamientos específicos"), o las teorías de contingencia ("la acción del líder depende de factores situacionales"). Estas teorías de modo independiente o combinadas aportaron las plataforma necesaria para investigar la eficacia del liderazgo (Fidler y otros), los estilos de influencia en sus diversas clasificaciones (Lewin, Lippit y Whyte: "autocrático, democrático y laisse faire"; Morse y Reimer: "directivo y no directivo", etc) y mantienen su influencia para construcciones teóricas más recientes sobre el liderazgo transaccional y transformador.
En todos los casos se trata de estudios orientados al perfeccionamiento de la gestión de dirección sobre grupos humanos. Sin embargo, centrar la persona del líder no resulta el objeto de conocimiento que puede permitir la comprensión del liderazgo pues solo se accede a la manifestación externa de tal fenómeno. En su lugar es necesario investigar el modo en que se produce la actividad humana conjunta y captar dentro de ella la lógica con que transcurren los procesos directivos desde los que emerge el liderazgo.

Procesos de autorregulación

Para H. Hiebsch y M. Vorwerg "lo normal es que la función de dirección sea una función del grupo y no la desempeñada por una persona"; pues el grupo cuenta para ello con "todos los mecanismos autorreguladores de dirección necesarios"[i]. Sin embargo, las características del proceso de autorregulación grupal hacen que el componente inductivo de la dirección se confíe a personas que reúnan condiciones muy específicas. En ello podemos apreciar como la función grupal se convierte en rol individual, lo cual constituye una particularidad de este componente funcional dentro de todo el proceso de dirección, concebido como función colectiva.
La asignación del rol de dirección a determinada persona se produce a través de un mecanismo de identificación de los miembros de grupo con esa persona, cuya acción satisface a aquellos como propia. Sienten que esa persona representa los intereses y las aspiraciones del grupo. Es decir, la identificación con el individuo que asume el rol dirigente significa que los miembros del grupo proyectan en él sus deseos, necesidades y esperanzas, de ahí la expectativa de que esa persona debe representar al grupo. En ello radica el secreto de la ascendencia que posee como inductor para influir sobre el grupo conduciéndolo en el despliegue de la actividad conjunta. Predomina la confianza en que sus acciones personales y su capacidad de mando están al servicio del grupo y por tanto seguirlo en sus orientaciones expresa el pensamiento grupal y sirve a la colectividad. Se acepta su influencia sobre el grupo porque se reconoce su aporte a la consecución del fin colectivo contenido en la tarea grupal. Emerge así como líder para el grupo.
Aquí, se produce una elección no regida por principio formal alguno. No hay postulación, ni votación. Todo ocurre de modo espontáneo tomando en cuenta, elementos que no están determinados por modelos de conducta o cualidades personales generales, sino por la imagen del dirigente que prevalece a nivel cultural y por las experiencias individuales de los miembros del grupo.
La emergencia de una persona como líder no significa una posesión universal (para cualquier situación) de la ascendencia que se requiere para tal capacidad inductiva. Estudios realizados por R. Bales han demostrado que "la influencia ejercida por un miembro del grupo puede estar limitada a un determinado terreno en el que se le considera competente, mientras que en otros terrenos son otros miembros quienes deciden"[ii]. Estudios posteriores[iii] han confirmado este hallazgo. Tal situación resulta lógica dentro de la concepción sobre los procesos de dirección como autorregulación grupal.
Como se observa, el mecanismo de identificación del dirigente por el grupo, la asignación del rol de dirección y la aceptación de su influencia nos pone ante el hecho de que dirigente y líder coinciden, cuando tales procesos transcurren como autorregulación grupal de dirección, lo cual no significa que dirección y liderazgo sean lo mismo. La dirección abarca un conjunto de funciones parciales que van más allá de la capacidad inductiva propia del liderazgo aunque este constituye una condición para el despliegue eficaz del proceso de dirección por sus efectos movilizadores sobre la colectividad grupal.

Regulación externa

La sociedad humana no está integrada por un conjunto de grupos humanos inconexos, cada uno de los cuales se autorregula en función de sus intereses, objetivos y aspiraciones. Existe una estructura social donde el vínculo entre diversos grupos es desigual predominando relaciones de poder y dependencia entre unos y otros, lo cual se refleja en los procesos de regulación directiva. Al respecto C. Marx, al analizar tales procesos dentro de las relaciones propias del capitalismo concluyo que "el capitalista no es tal capitalista por ser director industrial, sino al revés: es director industrial por ser capitalista"[iv].
Desde una perspectiva estructural el rol de dirección no es asignado, ni se despliega como parte de la autorregulación grupal de dirección. No son factores internos propios de la naturaleza social de la actividad conjunta que se despliega los que deciden, sino externos, provenientes de una diferenciación social asentada sobre las relaciones de propiedad existentes en la sociedad. En este caso el rol de dirección no parte de una ascendencia establecida por identificación personal de los miembros del grupo con dirigente, sino por ser poseedor de medios de producción. Aquí el liderazgo no constituye una condición para el despliegue del proceso de dirección, pues no transcurre como función grupal, sino subordinando al grupo a vínculos estructurales que lo superan. En este caso la acción directiva se basa en una fuerza asentada en el poder y no en la ascendencia propia de la autoridad.
En la literatura científica W. Buckley desde un enfoque estructural señala que la estructura de autoridad se relaciona con la promoción de metas grupales y con el consenso grupal, mientras la estructura de poder con la promoción de metas diferenciales y con la sumisión grupal[v]. Lo mismo considera S. Robbins al confrontar liderazgo y poder señalando: "el liderazgo se relaciona con la compatibilidad de metas, el poder no requiere la compatibilidad, sino solo la dependencia"[vi].
Esta comparación en los procesos directivos entre poder y liderazgo se corresponde con la distinción propuesta por E. Mayo entre las estructuras formal e informal de cualquier grupo integrante de una organización. Se trata de la existencia, por un lado, de una estructura diseñada de organización en la que se planifica la división del trabajo y se adoptan reglas y procedimientos para controlar la actividad, gratificar el buen desempeño y sancionar a los incumplidores. En la estructura formal los roles individuales se establecen funcionalmente orientados al logro del fin de la organización, al que se subordinan todos los grupos que la integran. Junto a ella coexiste una estructura informal surgida de la relación social que se establece, de modo espontáneo, entre los individuos que integran la organización al participar en la actividad conjunta. Esta estructura no obedece al diseño funcional preconcebido, sino a las necesidades personales, principalmente de carácter psicológico, de los miembros de la organización.
Así, al interior de cualquier organización se pueden observar procesos directivos basados en relaciones de poder-dependencia dentro de la estructura formal y procesos de liderazgo dentro de la estructura informal. Desde la perspectiva grupal se trata de procesos de regulación externa e interna respectivamente.
Estos procesos están presentes también fuera del universo organizacional, principalmente en contextos comunitarios donde la regulación externa aparece expresada como efecto de la gestión pública, tanto de instituciones políticas como socializadoras que se subordinan a la estructura de poder existente en la sociedad, mientras la regulación interna, y con ella los procesos de liderazgo, está presente en el accionar de la diversidad de grupos informales a los que se integra la población según sus necesidades, intereses y demandas.
Es lógico suponer la existencia de una relación contradictoria entre ambos procesos de regulación al ser diferentes el nivel de las expectativas a que responden, en un caso la estructura jerárquica, organizacional o no (“los de arriba”), y en el otro la membresía grupal (“los de abajo”). Sin embargo, una no tiene que realizarse a expensas de la otra, ni en contraposición. Más bien se puede afirmar que es posible, necesario y conveniente encontrar los puntos de convergencia de los procesos de regulación directiva que orientan la actividad grupal de hombres y mujeres cualquiera sea el entorno en que operen las entidades sociales:
1.Es posible porque el fundamento de intereses sobre el que se asientan ambos procesos reguladores deben ser legitimados desde valores compatibles que permiten contar con una plataforma para el diálogo.
2·Es necesario porque tales intereses nunca pueden tener realización plena dentro de una confrontación que conduzca a antagonismos sociales. El liderazgo no puede ignorar el entorno estructural en que se despliegan las relaciones de poder de la sociedad, ni el poder se convierte en dominación solo con el uso de la fuerza bruta, obviando mecanismos sociales de integración capaces de contener las necesidades, intereses y demandas poblacionales.
3·Es conveniente porque la convergencia de poder y liderazgo, constituye un requisito para la dirección eficaz de procesos sociales, es decir, para la gobernabilidad de las relaciones sociales, tanto en la gestión pública como en la privada, al ser coherente la acción inductiva procedente de los procesos reguladores que operan a nivel grupal.
La diferenciación de los procesos reguladores de dirección a que están sometidos los grupos humanos desde las estructuras de poder y liderazgo no excluye, sin embargo, la integración en el orden personal de uno y otro. Es decir, un líder puede acceder a posiciones de poder tanto como desde el poder se puede acceder a posiciones de liderazgo. En ambos casos es indispensable una plena comprensión de la lógica de intereses con que opera la otra estructura desarrollando un aprendizaje de las cuestiones de fondo que se interrelacionan y no de las manifestaciones conductuales externas en forma de comportamientos que se ensayan para ser representados.
Ello significa tanto para el universo organizacional como para el entorno comunitario desarrollar sistemas de capacitación que permitan la adquisición de habilidades para captar malestares de la cotidianidad, manejar contradicciones, construir proyectos participativos y realizar acciones mediadoras vinculadas a la competencia comunicativa.

Notas
[i] H. Hiebsch y M. Vorwerg: Introducción a la psicología social marxista. Universidad de la Habana, Facultad de Psicología. La Habana, 1981, p 223.
[ii] B, Schäfers: Introducción a la sociología de grupos. Historia. Teoría. Análisis. Ed. Herder. Barcelona, 1984; p 50.
[iii] A. Etzioni: Organizaciones modernas, Ed UTEHA, México, 1966, p 110
[iv] K.Marx: El Capital. Crítica de la Economía Política. La Habana, Ed. C. Sociales, 1973, p 288
[v] W. Buckley: La sociología y la teoría moderna de los sistemas. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1973, p 260.
[vi] S.Robbins: Comportamiento organizacional. Conceptos, controversias y aplicaciones. Tercera Edición, 1987 (en español), p 275.

Gobernabilidad

Prof. Joaquín Ramón Alonso Freyre

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas

República de Cuba.

El debate político y académico en torno a la gobernabilidad surge con fuerza en la década del setenta para referirse a los problemas de las democracias para hacer frente al crecimiento de las demandas sociales en las condiciones en que se producía el desmontaje del llamado “Estado benefactor” bajo la influencia del pensamiento neoliberal dando lugar a lo que se denomina como “Estado mínimo” dentro de las teorías políticas, es decir, un Estado que mediante políticas de privatización reduce radicalmente su participación como actor económico dentro de la sociedad.
A partir de los años 80 el surgimiento de la problemática del pago de la deuda externa y la necesaria consideración de las presiones de los organismos crediticios internacionales hizo perder soberanía a muchos gobiernos democráticamente elegidos que debían enfrentar serios obstáculos para el cumplimiento del mandato popular expresado en las urnas.
Así las cuestiones relativas a la gobernabilidad adquieren un rango de alta prioridad en la producción teórica e ideológica en países democráticos. Sin embargo, al término gobernabilidad se le fueron atribuyendo disímiles significados siendo imposible que se consolidara como un concepto único y comúnmente aceptado por todos los expertos.
En la literatura política se afirma que en su forma más general, una democracia es gobernable cuando los gobernantes toman y ejecutan decisiones que son aceptadas por la ciudadanía sin que esta pretenda cambiar el régimen político, a pesar de que tales decisiones las afecten. En este sentido la gobernabilidad implica estabilidad de las instituciones por encima de la incertidumbre en cuanto a los resultados del llamado juego político.
Sin embargo, la gobernabilidad no solo se reduce a tal estabilidad sino que también se relaciona con la capacidad de las instituciones políticas y sociales para, por un lado, agregar y articular intereses y, por otro, regular y resolver los conflictos entre ellos en el contexto de políticas gubernamentales orientadas al desarrollo, la equidad y la consolidación de instituciones democráticas.
En su relación directa con el problema del crecimiento de las demandas populares se considera que la gobernabilidad en una sociedad depende de la capacidad de la maquinaria gubernamental para conducir y ejecutar las decisiones políticas con que se pretende hacer frente a las demandas y problemas de los gobernados. Por tanto, la ingobernabilidad es concebida como la suma del debilitamiento del consenso de los ciudadanos y es el resultado de la insatisfacción por parte del gobierno de las demandas sociales en cantidad y calidad en que se exige, y trae como consecuencia la pérdida de legitimidad ante los ojos de los ciudadanos.
Otros autores afirman que la ingobernabilidad se asocia, por un lado, a la falta de eficacia de los Estados para responder a los crecientes reclamos de la sociedad en el marco de las condiciones económicas existentes, y por tanto, a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las políticas e instituciones democráticas al no encontrar cumplidas sus demandas.
Siguiendo esa misma línea de pensamiento se afirma que la gobernabilidad se da cuando existe calidad en el desempeño gubernamental considerando las siguientes dimensiones:
1. Capacidad de adoptar oportunamente decisiones ante los desafíos que exigen respuesta gubernamental.
2. Efectividad de esas decisiones (obligación y acatamiento)
3. Aceptación social (conformidad, congruencia y armonía con intereses y anhelos de los diferentes grupos).
4. Eficacia de esas decisiones.
5. Coherencia de esas decisiones.
De esta manera la gobernabilidad sería la capacidad de las instituciones de avanzar hacia objetivos definidos y movilizar con coherencia, eficiencia y oportunidad las energías de los integrantes hacia metas preestablecidas. Lo contrario, o sea la incapacidad para el encaramiento, llevaría a la ingobernabilidad.
En tal sentido pueden se establecidos como requisitos para la gobernabilidad los siguientes:
1. Que los órganos decisorios y los actores políticos que participan directamente en el proceso de toma de decisiones y de formulación de políticas sean vistos por la ciudadanía como sus legítimos representantes.
2. La existencia de canales institucionales que permitan satisfacer las demandas de participación social.
3. La eficacia de las políticas públicas y de conducción política desde el punto de vista de los intereses, aspiraciones y valores de los ciudadanos.
4. El consenso en torno a valores morales como la tolerancia, la no violencia, la libertad de pensamiento, la igualdad y la solidaridad integrados en una cultura democrática.
Como vemos la gobernabilidad hace referencia a problemas básicos en el ejercicio de la dominación política como son la legitimidad, la participación, la eficacia y el consenso.
Lógicamente, sobre la gobernabilidad actúan numerosos factores que van más allá de la gestión gubernamental y que tienen que ver con el contexto en que se despliega tal gestión. Por ejemplo, en América Latina los efectos de los procesos globalizadores y el condicionamiento impuesto por organismos financieros internacionales han producido un deterioro social muy agudo expresado en un crecimiento de la pobreza, la marginación, la desigualdad y la exclusión social que pueden conducir a estallidos sociales de grandes dimensiones.
Es aquí donde la gobernabilidad debe ser asumida como manejo de las contradicciones esenciales de la sociedad. Para ello se hace necesario profundizar en las peculiaridades de las contradicciones existentes, el alcance de las mismas y sus contenidos específicos distinguiendo con claridad la contradicción fundamental, la principal y el resto de las contradicciones rectoras del organismo social. Solo entonces es posible elaborar estrategias de gobierno que, lejos de lamentar la necesidad de enfrentar una realidad social en extremo contradictoria, sea capaz de aprovechar estas contradicciones como fuente de desarrollo asumiendo un pensamiento dialéctico en su más puro espíritu.
Tal manejo de las contradicciones desde la perspectiva de la gobernabilidad es imposible al margen de la comprensión de la política como instrumento de acción sobre las relaciones sociales y de la lógica de los procesos de liderazgo de los grupos humanos en que transcurre la cotidianidad de la población.

Descentralizacion: Una herramienta de cambio(1)

Luis Nicolás Laporte

Abril 1999

La lucha por la igualdad

Durante la última década, el mundo académico, el de la política y el de los ciudadanos de a pie se ha visto invadido por un conjunto de nuevos conceptos e ideas, que se presentan como la panacea universal a todos los problemas que los afectan desde aquellos que afectan su vida cotidiana en forma más que notoria – la recolección de residuos, el mantenimiento de plazas, el corte de raíces de árboles y el desrramado del arbolado urbano, la reparación de baches, aceras, semáforos y luminarias -, como los que se derivan y tienen su origen en la crisis de representación y legitimidad del sistema de representación política.
El debate político – ciudadano – académico se reprodujo tarde, segmentado y mal por los medios de comunicación social y en consecuencia se escucha hablar por doquier y somos hablados por un discurso que introdujo y mezclo deliberadamente temas tales como la reforma del Estado, la renovación de las viejas prácticas políticas, las privatizaciones, – primero la necesidad de realizarlas y ahora su necesaria revisión vistos los impactos negativos sobre los grupos que se declamaba hiban a beenficiar -, y la descentralización.
Sintomáticos o paradójicamente estos debates están integrados a las agendas públicas gubernamentales, en un sentido o en el contrario, quiero decir a favor o en contra, por los mismos actores políticos.
Sin embargo para tratar de circunscribir el debate creo conveniente señalar que los conceptos e ideas que enumere antes se fueron incorporando a las agendas políticas de la mayoría de los gobiernos en los últimos años y han producido un conjunto de pequeñas pero no por ello significativas mutaciones en el escenario político.
Dos de esos procesos ya fueron aplicados al interior de la sociedad Argentina, en forma de políticas de estado y sus efectos, – prestaciones de servicios sociales mínimos, calidad de los servicios, inversiones, tarifas, atención a los usuarios –, son vividos a diario por todos nosotros, me refiero a los procesos de reforma del estado y de las privatizaciones.
Para comenzar y citando a Norberto Bobbio, podemos decir que tanto la centralización como la descentralización, tanto en lo general como en lo administrativo, no son instituciones jurídicas unívocas, sino fórmulas o herramientas, que contienen principios, tendencias o modos de construcción y de ser, de un determinado aparato político administrativo.
En consecuencia afirmamos que son modelos organizacionales en el sentido amplio y no conceptos inmediatamente operativos.
Siguiendo ese razonamiento decimos que ambos fenómenos –centralización y descentralización- representan dos modelos distintos y contrapuesto de ordenamiento jurídico, y por lo tanto, podemos distinguir entre lo que llamamos la descentralización política y la descentralización administrativa, ya que ambas difieren no sólo por el tipo de funciones ejercidas, sino por el título que está como fundamento. La descentralización política expresa una idea basada en los principios del derecho autónomo; en tanto la descentralización administrativa verdadera se manifiesta como un fenómeno de derivación de poderes administrativos que es, además, derivación del aparato político-administrativo del estado.
Ahora bien, desde hace muchos años, las formaciones políticas ubicadas en lo que podemos llamar el campo del progreso han puesto de manifiesto su preocupación por eliminar la brecha entre lo que Bobbio, en Derecha e izquierda[2] y en Igualdad y libertad[3] , ubica entre la igualdad y la desigualdad societal y el criterio que ha de utilizarse para cerrar esa brecha, este criterio más desarrollado también se puede encontrar en Los caminos al paraíso [4] de Peter Gotz.
En tal sentido, y como consecuencia de una serie de factores que se vienen sucediendo en la última década, el concepto de igualdad no alcanza el mismo consenso que había alcanzado en el pasado y cabe preguntarse ¿qué quiere decir hoy luchar políticamente por la igualdad?
El concepto moderno de la igualdad se fundamenta en la creencia de que las personas, con independencia de su mérito, de su esfuerzo o de las condiciones naturales, tienen derecho a una satisfacción igual de sus necesidades esenciales. Esto no significa eliminar las diferencias ni tampoco se debe considerara que la idea de igualdad es de por sí “natural”. Este concepto surgido luego de Revolución Francesa incorpora un binomio complicado, libertad e igualdad, que aparece como resultante de los movimientos antiabsolutistas y liberales, que señalaban la posibilidad de alcanzar tales valores y trabajar por la igualdad desde la capacidad individual, es decir, desde la libertad para romper así la rígida estructuración estamental caracterizada por la premodernidad.
Entonces, la lucha por la igualdad ha de cambiar, como ha cambiado a lo largo de los últimos doscientos años y así como durante los siglos XVII y XVIII se luchó por conseguir la igualdad ante la ley y desde mediados del siglo XIX y principio del siglo XX se exigía participar como iguales en la formación de la voluntad estatal o su diseño, desde la segunda mitad de este siglo se sostiene que no puede hablarse de libertad real, si ésta no está asociada a la existencia de unos mínimos vitales garantizados.
La modernidad no trajo de la mano la eliminación de las diferencias, sino que por el contrario, con el importante salto hacia delante, cualitativo y cuantitativo alcanzado por los avances de la ciencia y de la técnica por un lado, y por los cambios sociopolíticos que se están observando desde la caída del muro de Berlín y el colapso del “socialismo real” por el otro, hoy es posible observar que más de un tercio de la población mundial está excluida de los beneficios sociales mínimos.
Y nuestro país no escapa a este último cuadro ya que casi la mitad o más de su población está en situación crítica, la masa de desocupados es cada vez mayor, la desnutrición infantil hace estragos, enfermedades endémiocas que creíamos extinguidas como el cólera cada tanto reaparece, y también se puede comenzar a visualizar epidemias de otras enfermedades como el SIDA que siguen produciendo estragos en los sectores juveniles, que son el colectivo social más desprotegido, sin que desde el Estado centralizado se incrementen las políticas públicas para evitar estos flagelos.

El debate sobre la gestión

Las tensiones entre igualdad y desigualdad no se agotaron, sino que continúan formando parte del debate ideológico y político de la década, a pesar de la tormenta desatada por un neoliberalismo cuasi manchesteriano que desde Tatcher hasta Duhalde, - para citar sólo a dos, aunque podríamos ampliar la lista de los actores -, arrasó con el modelo del incipiente e inacabado modelo Estado-bienestar vigente en nuestro país en sus distintas versiones, y aplicaron programas de ajuste estructural de la economía, asociados a reformas en el estado según las recetas, por cierto conocidas, de los organismos de crédito multinacionales, sean estos el FMI, o el Banco Mundial.
Los partidos políticos ubicados en lo que denominábamos más arriba campo del “progreso” han presentado siempre como una de sus señales de identidad la defensa a ultranza de “lo público”, porque detrás de ello está implícita la voluntad política y el deseo de recoger las mayores garantías posibles para las políticas y las iniciativas tendientes a evitar las desigualdades que el mercado genera, o de atenuar sus efectos.
Así pues, luego de varios años de ofensiva neoliberal-conservadora, en materias de privatizaciones y de desregulación económica, de confusión y de preocupación entre los partidos del progreso por los costos de la defensa numantina de lo público y de sucesivas derrotas electorales, hoy estamos en condiciones de distinguir entre lo accesorio y lo principal de esa polémica y entonces encarar las transformaciones pendientes con la elaboración de formas de gestión públicas alternativas, y no referidas ya al “cómo”, sino al “qué” debe regularse y financiarse desde el sector público y “quién o quiénes” han de asumir esas responsabilidades y la lógica y transparencia de esas políticas.
En este sentido tenemos algunas cuestiones que debemos aclarar como consecuencia del debate que queremos plantear y lo queremos hacer de este modo, con dos premisas fundamentales: coherencia política y honestidad ideológica.
Nos parece que en los albores del tercer milenio hemos de ser absolutamente intransigentes, casi jacobinos en este punto, porque durante los últimos años los sectores del progresismo fuimos casi barridos del escenario de la política, y a pesar de que muchas veces –como dice una vieja canción- “nos mataron hoy estamos aquí resucitando” y dispuesto a enfrentar cultural y políticamente a los que sumieron a tantos en la marginalidad y la miseria con la alegría y el convencimiento, en el manojo de ideas por las que empezamos a militar políticamente, para poder vivir mejor en esta ciudad y en el país.
A lo largo de las dos últimas décadas ha quedado palmariamente demostrado los límites de la administración centralizada para dar respuesta a los requerimientos del conjunto societal.
Y esto es así porque es muy difícil que desde un escritorio, se tomen medidas rápidas y eficaces para llevar soluciones a todos los ciudadanos; y esto sin que analicemos el fondo de estas medidas, quiero decir, a pesar que la medida sea correcta, acertada y este aplicada en tiempo y forma, ha de tener basicamente dos temas en contra: llegará como los bomberos, cuando el incendio ha comenzado y estará viciada de legitimidad comunitaria, al ser tomada en soledad por un funcionario es percibida como pobre, escasa o clientelistica por los beneficiarios de la misma que son obligados a observar u rol de mero espectador pasivo.
En este sentido la descentralización política y administrativa, asociada a la formulación de planes estratégicos locales y regionales, planes urbanos ambientales locales, la conformación de consorcios y corredores culturales y productivos en el marco de procesos de integración regional, el desarrollo de la sociedad civil, presupuestos participativos y programas que tiendan a la construcción de nuevas formas de ciudadanía son los ejes sobre los que se deben asentar las propuestas políticas de estado previsibles, sustentables y que aumentan los umbrales de gobernabilidad. Son los pasos que desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuestra administración está dando junto a la mayoría de la población, con el objeto de revertir la desidia y el abandono para mejorar la calidad d e vida de los habitantes de esta ciudad.

POST SCRIPTUM

Cuando en el marco de una reunión de la agrupación realizada la primera semana del mes de agosto surgio la posibilidad de analizar el tema de la Descentralización como una asignatura pendiente, asumí el compromiso de escribir un comentario para esta publicación, al releer la primera parte de este texto creí entender la vigencia del mismo. Sin embargo estimo necesario hacer tres comentarios al tema.

Desde las cenizas de Cromagñon surge con clarida meridiana la necesidad de un Estado-presente, que sea rector de las necesidades societales, que oriente, promueva y favorezca las inversiones productivas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que vivimos en esta auténtica megalópolis caótica que es Buenos Aires.

Desde el Estado los decisores políticos no pueden caer en la tentación de comprar “modas, modismos y modernizaciones de las políticas urbanas”, que se rigan por la fria lógica económica del mercado, sino que por el contrario tiene la obligación política de combinar las políticas públicas urbanas con las políticas públicas del bienestar socio-comunitario, con el objetivo de cohesionar el tejido societal.

La sanción de la Ley de Comunas un tema central crucial para la construcción de ciudadanía inclusiva y una deuda constitucional de parte de los actores políticos. El proceso que afrontamos sera decisivo para comprender si los porteños somos capaces de tomar las riendas de nuestro destino y poder construir una sociedad cohesionada, más justa, y por supuesto con más Estado.

Notas

[1] La primera parte es el establecimiento de una intervención realizada en la Mesa Redonda denominada “La Descentralización una herramienta de cambio” llevada a cabo en el marco del II Foro Intermunicipal “Buenos Aires sin fronteras”, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 26 de abril de 1999.La totalidad de las ponencias fueron publicadas en un volumen colectivo editado por el Gobierno de la Ciudad Autómoma bajo el título Buenos Aires sin fronteras. Conferencias, documentos y debates sobre Política, Economía e Integración
[2] BOBBIO, Norberto. Derecha e Izquierda. Editorial Taurus. España 1998
[3] BOBBIO, Norberto. Igualdad y libertad. Ediciones Paidos – I.C.E de la Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. España 1993
[4] GORZ, André. Los caminos del paraiso. 25 tesis para comprender la crisis y salir por izquierda. Editorial Laila. Barcelona. España 1986