Prof. Joaquín Ramón Alonso Freyre
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
República de Cuba.
El debate político y académico en torno a la gobernabilidad surge con fuerza en la década del setenta para referirse a los problemas de las democracias para hacer frente al crecimiento de las demandas sociales en las condiciones en que se producía el desmontaje del llamado “Estado benefactor” bajo la influencia del pensamiento neoliberal dando lugar a lo que se denomina como “Estado mínimo” dentro de las teorías políticas, es decir, un Estado que mediante políticas de privatización reduce radicalmente su participación como actor económico dentro de la sociedad.
A partir de los años 80 el surgimiento de la problemática del pago de la deuda externa y la necesaria consideración de las presiones de los organismos crediticios internacionales hizo perder soberanía a muchos gobiernos democráticamente elegidos que debían enfrentar serios obstáculos para el cumplimiento del mandato popular expresado en las urnas.
Así las cuestiones relativas a la gobernabilidad adquieren un rango de alta prioridad en la producción teórica e ideológica en países democráticos. Sin embargo, al término gobernabilidad se le fueron atribuyendo disímiles significados siendo imposible que se consolidara como un concepto único y comúnmente aceptado por todos los expertos.
En la literatura política se afirma que en su forma más general, una democracia es gobernable cuando los gobernantes toman y ejecutan decisiones que son aceptadas por la ciudadanía sin que esta pretenda cambiar el régimen político, a pesar de que tales decisiones las afecten. En este sentido la gobernabilidad implica estabilidad de las instituciones por encima de la incertidumbre en cuanto a los resultados del llamado juego político.
Sin embargo, la gobernabilidad no solo se reduce a tal estabilidad sino que también se relaciona con la capacidad de las instituciones políticas y sociales para, por un lado, agregar y articular intereses y, por otro, regular y resolver los conflictos entre ellos en el contexto de políticas gubernamentales orientadas al desarrollo, la equidad y la consolidación de instituciones democráticas.
En su relación directa con el problema del crecimiento de las demandas populares se considera que la gobernabilidad en una sociedad depende de la capacidad de la maquinaria gubernamental para conducir y ejecutar las decisiones políticas con que se pretende hacer frente a las demandas y problemas de los gobernados. Por tanto, la ingobernabilidad es concebida como la suma del debilitamiento del consenso de los ciudadanos y es el resultado de la insatisfacción por parte del gobierno de las demandas sociales en cantidad y calidad en que se exige, y trae como consecuencia la pérdida de legitimidad ante los ojos de los ciudadanos.
Otros autores afirman que la ingobernabilidad se asocia, por un lado, a la falta de eficacia de los Estados para responder a los crecientes reclamos de la sociedad en el marco de las condiciones económicas existentes, y por tanto, a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las políticas e instituciones democráticas al no encontrar cumplidas sus demandas.
Siguiendo esa misma línea de pensamiento se afirma que la gobernabilidad se da cuando existe calidad en el desempeño gubernamental considerando las siguientes dimensiones:
1. Capacidad de adoptar oportunamente decisiones ante los desafíos que exigen respuesta gubernamental.
2. Efectividad de esas decisiones (obligación y acatamiento)
3. Aceptación social (conformidad, congruencia y armonía con intereses y anhelos de los diferentes grupos).
4. Eficacia de esas decisiones.
5. Coherencia de esas decisiones.
De esta manera la gobernabilidad sería la capacidad de las instituciones de avanzar hacia objetivos definidos y movilizar con coherencia, eficiencia y oportunidad las energías de los integrantes hacia metas preestablecidas. Lo contrario, o sea la incapacidad para el encaramiento, llevaría a la ingobernabilidad.
En tal sentido pueden se establecidos como requisitos para la gobernabilidad los siguientes:
1. Que los órganos decisorios y los actores políticos que participan directamente en el proceso de toma de decisiones y de formulación de políticas sean vistos por la ciudadanía como sus legítimos representantes.
2. La existencia de canales institucionales que permitan satisfacer las demandas de participación social.
3. La eficacia de las políticas públicas y de conducción política desde el punto de vista de los intereses, aspiraciones y valores de los ciudadanos.
4. El consenso en torno a valores morales como la tolerancia, la no violencia, la libertad de pensamiento, la igualdad y la solidaridad integrados en una cultura democrática.
Como vemos la gobernabilidad hace referencia a problemas básicos en el ejercicio de la dominación política como son la legitimidad, la participación, la eficacia y el consenso.
Lógicamente, sobre la gobernabilidad actúan numerosos factores que van más allá de la gestión gubernamental y que tienen que ver con el contexto en que se despliega tal gestión. Por ejemplo, en América Latina los efectos de los procesos globalizadores y el condicionamiento impuesto por organismos financieros internacionales han producido un deterioro social muy agudo expresado en un crecimiento de la pobreza, la marginación, la desigualdad y la exclusión social que pueden conducir a estallidos sociales de grandes dimensiones.
Es aquí donde la gobernabilidad debe ser asumida como manejo de las contradicciones esenciales de la sociedad. Para ello se hace necesario profundizar en las peculiaridades de las contradicciones existentes, el alcance de las mismas y sus contenidos específicos distinguiendo con claridad la contradicción fundamental, la principal y el resto de las contradicciones rectoras del organismo social. Solo entonces es posible elaborar estrategias de gobierno que, lejos de lamentar la necesidad de enfrentar una realidad social en extremo contradictoria, sea capaz de aprovechar estas contradicciones como fuente de desarrollo asumiendo un pensamiento dialéctico en su más puro espíritu.
Tal manejo de las contradicciones desde la perspectiva de la gobernabilidad es imposible al margen de la comprensión de la política como instrumento de acción sobre las relaciones sociales y de la lógica de los procesos de liderazgo de los grupos humanos en que transcurre la cotidianidad de la población.
A partir de los años 80 el surgimiento de la problemática del pago de la deuda externa y la necesaria consideración de las presiones de los organismos crediticios internacionales hizo perder soberanía a muchos gobiernos democráticamente elegidos que debían enfrentar serios obstáculos para el cumplimiento del mandato popular expresado en las urnas.
Así las cuestiones relativas a la gobernabilidad adquieren un rango de alta prioridad en la producción teórica e ideológica en países democráticos. Sin embargo, al término gobernabilidad se le fueron atribuyendo disímiles significados siendo imposible que se consolidara como un concepto único y comúnmente aceptado por todos los expertos.
En la literatura política se afirma que en su forma más general, una democracia es gobernable cuando los gobernantes toman y ejecutan decisiones que son aceptadas por la ciudadanía sin que esta pretenda cambiar el régimen político, a pesar de que tales decisiones las afecten. En este sentido la gobernabilidad implica estabilidad de las instituciones por encima de la incertidumbre en cuanto a los resultados del llamado juego político.
Sin embargo, la gobernabilidad no solo se reduce a tal estabilidad sino que también se relaciona con la capacidad de las instituciones políticas y sociales para, por un lado, agregar y articular intereses y, por otro, regular y resolver los conflictos entre ellos en el contexto de políticas gubernamentales orientadas al desarrollo, la equidad y la consolidación de instituciones democráticas.
En su relación directa con el problema del crecimiento de las demandas populares se considera que la gobernabilidad en una sociedad depende de la capacidad de la maquinaria gubernamental para conducir y ejecutar las decisiones políticas con que se pretende hacer frente a las demandas y problemas de los gobernados. Por tanto, la ingobernabilidad es concebida como la suma del debilitamiento del consenso de los ciudadanos y es el resultado de la insatisfacción por parte del gobierno de las demandas sociales en cantidad y calidad en que se exige, y trae como consecuencia la pérdida de legitimidad ante los ojos de los ciudadanos.
Otros autores afirman que la ingobernabilidad se asocia, por un lado, a la falta de eficacia de los Estados para responder a los crecientes reclamos de la sociedad en el marco de las condiciones económicas existentes, y por tanto, a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las políticas e instituciones democráticas al no encontrar cumplidas sus demandas.
Siguiendo esa misma línea de pensamiento se afirma que la gobernabilidad se da cuando existe calidad en el desempeño gubernamental considerando las siguientes dimensiones:
1. Capacidad de adoptar oportunamente decisiones ante los desafíos que exigen respuesta gubernamental.
2. Efectividad de esas decisiones (obligación y acatamiento)
3. Aceptación social (conformidad, congruencia y armonía con intereses y anhelos de los diferentes grupos).
4. Eficacia de esas decisiones.
5. Coherencia de esas decisiones.
De esta manera la gobernabilidad sería la capacidad de las instituciones de avanzar hacia objetivos definidos y movilizar con coherencia, eficiencia y oportunidad las energías de los integrantes hacia metas preestablecidas. Lo contrario, o sea la incapacidad para el encaramiento, llevaría a la ingobernabilidad.
En tal sentido pueden se establecidos como requisitos para la gobernabilidad los siguientes:
1. Que los órganos decisorios y los actores políticos que participan directamente en el proceso de toma de decisiones y de formulación de políticas sean vistos por la ciudadanía como sus legítimos representantes.
2. La existencia de canales institucionales que permitan satisfacer las demandas de participación social.
3. La eficacia de las políticas públicas y de conducción política desde el punto de vista de los intereses, aspiraciones y valores de los ciudadanos.
4. El consenso en torno a valores morales como la tolerancia, la no violencia, la libertad de pensamiento, la igualdad y la solidaridad integrados en una cultura democrática.
Como vemos la gobernabilidad hace referencia a problemas básicos en el ejercicio de la dominación política como son la legitimidad, la participación, la eficacia y el consenso.
Lógicamente, sobre la gobernabilidad actúan numerosos factores que van más allá de la gestión gubernamental y que tienen que ver con el contexto en que se despliega tal gestión. Por ejemplo, en América Latina los efectos de los procesos globalizadores y el condicionamiento impuesto por organismos financieros internacionales han producido un deterioro social muy agudo expresado en un crecimiento de la pobreza, la marginación, la desigualdad y la exclusión social que pueden conducir a estallidos sociales de grandes dimensiones.
Es aquí donde la gobernabilidad debe ser asumida como manejo de las contradicciones esenciales de la sociedad. Para ello se hace necesario profundizar en las peculiaridades de las contradicciones existentes, el alcance de las mismas y sus contenidos específicos distinguiendo con claridad la contradicción fundamental, la principal y el resto de las contradicciones rectoras del organismo social. Solo entonces es posible elaborar estrategias de gobierno que, lejos de lamentar la necesidad de enfrentar una realidad social en extremo contradictoria, sea capaz de aprovechar estas contradicciones como fuente de desarrollo asumiendo un pensamiento dialéctico en su más puro espíritu.
Tal manejo de las contradicciones desde la perspectiva de la gobernabilidad es imposible al margen de la comprensión de la política como instrumento de acción sobre las relaciones sociales y de la lógica de los procesos de liderazgo de los grupos humanos en que transcurre la cotidianidad de la población.
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